Contratación pública responsable: la RSE ¿prisionera?

Actualizamos* –  Siguen apareciendo iniciativas de contratación pública responsable y cláusulas sociales, aunque, insistimos, nos tememos que no todas están incluyendo los criterios necesarios para que esto produzca un cambio necesario hacia una economía verdaderamente sostenible. La información que publiquen las empresas (balances sociales, memorias de sostenibilidad, de buen gobierno, información no financiera, de RSE…) cada vez será más importante que las empresas puedan ser evaluadas socialmente. Por eso hubiese sido tan importante que existiesen unos indicadores básicos imprescindibles (CERSE-Ley de Economía Sostenible), que no deberían faltar en ninguna memoria (los indicadores sobre fiscalidad responsable -ver nuestro artículo en Ágora, medio que también nos informa de casos de fraudes en estos sistemas de contratación-, equidad salarial, condiciones laborales… o no existen o tienen muy poca calidad en las memorias que se publican). Nuestros compañeros de la Federación de CCOO de Servicios de la Ciudadanía informan que la administración penitenciaria contrata a empresas que no respeta los derechos laborales , una prueba más del poco avance de la RSE (buen gobierno, transparencia…) en el sector público.

* Actualizamos este post el 15/05/2017, con ocasión del segundo seminario del proyecto sobre la participación sindical en la Directiva de Información no financiera (indicadores obligatorios para empresas de más de 500 trabajadores).

De nuevo, el incumplimiento de la Ley de Economía Sostenible – CERSE. Las pruebas más palpables son  las memorias globales de las empresas públicas, que no existen o están elaboradas con un criterio de marketing o incluso de anti-transparencia. El ejemplo más paradigmático puede ser Tragsa, que lleva diez años elaborando memorias de RSE con las instrucciones e indicadores recomendados por consultoras y asesores. En estas fechas están apareciendo más casos de corrupción en empresas de lo público (aguas) con memorias premiadas por fundaciones que se postulan como líderes de ética, transparencia, reputación o RSE.

Será muy importante la que las nuevas regulaciones obliguen a las empresas a suministrar esa información que voluntariamente se ha comprobado no quieren hacer pública (en este momento, la clave es cómo se desarrolle y transponga la Directiva Sobre Información no financiera). Ágora nos informa de un nuevo estándar para la compra sostenible ( ISO 20400). Seguiremos atentos a la calidad de sellos y certificaciones.

Existe una conexión entre las normas citadas en la parte que afecta al sector y la administración pública (Ley de Economía Sostenible, decreto del CERSE), la Directiva de Información No financiera y la Directiva de Contratación pública, ambas, transponiendose ahora a la legislación española. Con nocturnidad y alevosía.  Y más importante aún es visualizar que existe una situación de bloqueo de la parte social de estas normas. Un claro boicot a la idea de una europa social y a la carta social europea y al retroceso de los derechos sociales, más que evidente en España. Todo se juega en la cuestión de los indicadores clave para medir eso que llaman Economía Sostenible, que no puede ser, de nuevo, sólo un bonito término,  o como venimos diciendo hace mucho, ‘ el nuevo traje del emperador’.

Sobre la situación de la nueva legislación sobre contratación pública y cláusulas sociales, recomendamos seguir el apartado correspondiente del Blog del profesor Julio González

Artículo relacionado: Privatización y externalización de servicios en la contratación pública y problemática laboral (Antonio Baylos)

Todo esto será muy difícil que sea compatible con el TTIP (artículo recomendado, en CTXT) , CETA y tratados similares.

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