Toda la cuestión de sueldos (sobre todo del sector público), se está exigiendo, sobre todo, desde la Ley de Transparencia, y desde el Consejo de Transparencia. Hay una batalla relacionada con las tremendas resistencias a dar información (quién es ‘directivo’ o no, pluses o no…que se mezcla además con noticias muy mediáticas sobre el tema. Hay una sentencia (la enlazaré) que da muchas pistas sobre qué está pasando además, y cita varias leyes y reglamentaciones básicas que regulan esta cuestión.
Con lo que respecta al trabajo como Consejero del CERSE, insistimos en que la Ley de Economía Sostenible (LES), la ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE RSE, regulan u orientan todas estas cuestiones, pero la mayoría no se están cumpliendo: la LES pide al CERSE un modelo de indicadores básicos para el sector público (*) y privado (link, con descarga de breve resumen de artículos de esa ley que afectan a las cuestiones de transparencia y memorias . Veremos si con la LEY de información no financiera no se pierde de nuevo la ocasión de hacerlo. En el CERSE se aprobó por unanimidad (incluida CEOE y patronales) el documento de temas y sudtemas que deben incluir las memorias. Luego continuamos y llegamos a aquella tabla ( ‘enorme’, aprobada por todos pero no por la CEOE), y propusimos unos 30 indicadores esenciales/sintéticos, que quedó sólo como propuesta (en ese momento, el CERSE quedó paralizado). Para colmo, la Estrategia Española de RSE, aprobada por el Consejo de Ministros en 2015 incluyó la medida 15 como muy urgente:
Nada de esto se está haciendo. Sabemos que consultoras y fundaciones privadas están asesorando a gobiernos y al sector público sobre esta cuestión transcendental para lograr una transparencia efectiva (grupos interesados, posibles conflictos de interés, indicadores ‘molestos’ que pueden esquivarse…)
Entre los indicadores que logramos incluir está el ratio máximo/media, y sobre todo, un índice de equidad. Todo esto conecta a su vez con el proyecto / informe #RSequidad. La idea es desglosar la cuenta de gastos salariales por tramos, más incluso del nombre del sujeto. Eso vale para el sector público. Lo de la auditoria salarial pero sencillo, sin trampas, y sin depender de demasiados ‘expertos’….
(*) El artículo de la LES: CAPÍTULO IV- Sostenibilidad financiera del sector público Artículo 35. Sostenibilidad en la gestión de las empresas públicas. 1. Las sociedades mercantiles estatales y las entidades públicas empresariales adscritas a la Administración General del Estado adaptarán su gestión a los principios enunciados de esta Ley. 2. En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, adaptarán sus planes estratégicos para: a) Presentar anualmente informes de gobierno corporativo, así como memorias de sostenibilidad de acuerdo con estándares comúnmente aceptados, con especial atención a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y a la plena integración de las personas con discapacidad.
