La Constitución y su labor dinamizadora

Artículo de Aurelio Garnica, Abogado Laboralista de CCOO. Acto celebrado en CCOO-Sevilla el día 10 de Diciembre de 2018 con motivo del 40 Aniversario de la Constitución. Ver reportaje del acto, aquí (fotografías, otras ponencias)

CUARENTA AÑOS DE CONSTITUCIÓN

Recientemente hemos celebrado el 40 aniversario del referéndum de aprobación de la Constitución española (CE) y en breve, el de su entrada en vigor. Fue el 29 de diciembre de 1978, día de su publicación en el boletín oficial del Estado (BOE). En estos días hemos oído muchas alabanzas a la CE y también voces resaltando insuficiencias y limitaciones.

Es muy probable que identifiquemos la CE con sus 169 artículos, sus disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y final. Pero esto es sólo el esqueleto de la CE y responde a una visión estática de la misma. Yo insistiré en una visión dinámica de la CE y en el papel jugado por el Tribunal Constitucional. Tampoco debemos ignorar que la CE se aprobó en un contexto social muy distinto al actual. Era una sociedad patriarcal y sin experiencia de democracia a ningún nivel. Veamos algún ejemplo de la fuerza dinamizadora de la CE y de cambio del contexto social. Me centraré en el derecho de igualdad hombre mujer y en el derecho de libertad sindical.

El artículo 14 de la CE establece que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de …sexo…” En la CE de 1978 se establece la igualdad entre mujeres y hombres. Pasados 40 años, ese principio, se ha llenado de contenido con una amplia jurisprudencia constitucional. Si nos fijamos en el punto de partida y en algunas de esas sentencias, veremos con claridad la evolución dinámica de la CE.

En 1978 se vivía en un contexto social patriarcal. El trato desigual que sufrían las mujeres queda patente al leer nuestro Código Civil vigente hasta mayo de 1975. Las mujeres eran tratadas como menores de edad. Su artículo 57 decía: “El marido debe proteger a la mujer, y ésta obedecer al marido.” El artículo 58: “La mujer está obligada a seguir a su marido donde quiera que fije su residencia.” El 59: “El marido es el administrador de los bienes de la sociedad conyugal, salvo estipulación en contrario…” El 60: “El marido es el representante de su mujer. Ésta no puede, sin su licencia, comparecer en juicio por sí o por medio de Procurador.” El 61: “Tampoco puede la mujer, sin licencia o poder de su marido, adquirir por título oneroso ni lucrativo, enajenar sus bienes, ni obligarse, sino en los casos y con las limitaciones establecidas por la Ley.” El 62: Son nulos los actos ejecutados por la mujer contra lo dispuesto en los anteriores artículos, salvo cuando se trate de cosas que por su naturaleza estén destinadas al consumo ordinario de la familia, en cuyo caso las compras hechas por la mujer serán válidas…” En aquellos años, en el DNI se reflejaba la profesión del titular, en la mayoría de las mujeres su profesión era “sus labores”. La mujer no estaba en el espacio público. Por ello no puede extrañarnos que en las Cortes Constituyentes de 1978 hubiese 570 hombres y sólo 27 mujeres, ni que tengamos “siete padres” de la CE, que redactaron el primer proyecto de CE. En este clima social se aprueba el citado artículo 14 de la CE.

El Tribunal Constitucional pronto tuvo que pronunciarse en relación con este artículo 14. Su jurisprudencia sobre esta materia es muy abundante y garantista. Sus primeros pronunciamientos se refirieron a casos de discriminaciones directas. Relevantes son varias sentencias rechazando discriminaciones por razón de embarazo. Pondré algún ejemplo. El Tribunal Constitucional en su sentencia 166/1988, de 26 de septiembre otorga el amparo a una trabajadora despedida en el periodo de prueba al entender que la causa era su situación de embarazo. En sentencia 173/1994, de 7 de junio, otorga el amparo a una trabajadora que no se le renueva su contrato temporal por su situación de embarazo. Lo mismo ocurre a una trabajadora que es despedida siendo el motivo real su situación de embarazo, sentencia 136/1996, de 23 de julio. También citar la sentencia 145/1991, de 1 de julio que otorga el amparo en un caso de discriminación salarial indirecta y la sentencia 128/1987, de 16 de julio referida al concepto de acción positiva como forma de combatir la discriminación por razón de sexo. La sentencia 216/1991 abre las puertas de la Academia general del aire a las mujeres y la sentencia 229/1992 que abre las minas a las mujeres. Muchos de estos pronunciamientos se han incorporado a la legislación en muchas ocasiones.

El cambio social producido en esta materia, aún cuando no sea completo, es realmente profundo. El contexto social ha cambiado y la sociedad actual es bien distinta a la de 1978 en cuanto a la igualdad hombre mujer.  Por ello, en una posible reforma de la CE, será muy coherente, con este nuevo contexto social, defender la inclusión de la palabra paritario en su artículo 1. Quedaría redactado así: “España se constituye en un Estado paritario, social y Democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.” Tesis propugnada por la profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Blanca Rodríguez.

Ahora me fijaré en otro derecho perseguido en los años de la dictadura franquista. El derecho a la libertad sindical reconocido en el artículo 7 y 28 de la CE. Son artículos breves sobre los que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado a menudo y se han llenado de contenido concreto.

El Tribunal Constitucional ha delimitado la vertiente colectiva e individual de este derecho. En la primera ha señalado que existe un núcleo mínimo e indisponible de la libertad sindical que incluye la capacidad de negociación colectiva y de promocionar conflictos colectivos. En la vertiente individual ha sido tajante al señalar que el trabajador no puede sufrir daño alguno por su afiliación o actividad sindical, ha reconocido su garantía de indemnidad.

No podemos dejar de citar una de sus primeras sentencias. La sentencia 38/1981, de 23 de noviembre que implanta un nuevo tipo de despido, el despido nulo radical. En una pequeña empresa unos trabajadores convocan elecciones sindicales y se presentan como candidatos. Son despedidos alegando causas económicas. El despido es anulado por los tribunales, dando a la empresa la posibilidad de indemnizarles. El Tribunal Constitucional, ante los indicios de discriminación sindical padecido por los trabajadores reclamantes de amparo, por un lado exige a la empresa que acredite fehacientemente las causas económicas del despido y por otro lado, al no acreditarlo, declara nulo radical el despido y la opción entre readmisión o indemnización se la da a los trabajadores y no al empresario. El Tribunal Constitucional ha aplicado ese despido ante discriminaciones sufridas por trabajadores al ejercer otros derechos fundamentales, libertad de expresión, ejercicio del derecho a la justicia, entre otros. Hoy en día este nuevo tipo de despido está recogido en el Estatuto de los Trabajadores.

Son también abundantes las sentencias aplicando la garantía de indemnidad ante casos de pluses o promociones no respetadas a representantes sindicales.

En estos 40 años de vigencia de la CE, su esqueleto se ha ido rellenando de músculos y carne gracias a la labor del Tribunal Constitucional. Durante estos años el Tribunal Constitucional ha dictado más de 8.000 sentencias y más de 17.000 autos interpretando y aplicando la CE. Su contenido debe ser tenido en cuenta por  jueces y magistrados y por los poderes públicos. En cierto sentido su contenido se ha incorporado a la CE. Podemos decir que la CE de ahora es bien distinta a la recién publicada en 1978. Esta afirmación no implica que me identifique con el contenido de todas las sentencias del Tribunal Constitucional, en más de un caso me identifico con los votos particulares, pero no podemos ignorar su importante papel y aportaciones.

Esta conclusión se refuerza por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 10 de la CE. Su número 2 dice que “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.”

En los años de la transición y a lo largo de estos 40 años han sido muchos los tratados internacionales que nuestro país ha firmado. Además en algunos de esos tratados se han establecido Tribunales de Justicia que revisan si los mismos son cumplidos por los Estados firmantes. En los pronunciamientos del Tribunal Constitucional es muy habitual tener en cuenta esos tratados y sentencias internacionales.

Entre esos tratados debemos señalar el Convenio Europeo para la protección de Derechos Fundamentales y Libertades Públicas, hecho en Roma el 4-11-1950. España ingresó en 1977. Lo han firmado 47 países, entre ellos los 27 países de la Unión Europea. Las personas amparadas por tal tratado pueden reclamar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es quien tiene la última palabra sobre el cumplimiento del tratado. En su existencia ha dictado más de 15.000 sentencias de condena. Nuestro país, desde su ingreso, ha sido condenado en 76 ocasiones. Su número no es desproporcionado, si tenemos en cuenta, que Italia lo ha sido en 2.166 ocasiones, Francia en 627 o Austria en 222. Todos esos pronunciamientos deben ser tenidos en cuenta al aplicar nuestra CE y forman parte de su musculatura.

A estas alturas de mi exposición, quiero resaltar que detrás de cada sentencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha habido una o varias personas que han peleado por el reconocimiento de sus derechos. Seguro que han tenido que sufrir fuertes tensiones y padecer varios años de procesos judiciales. Quiero agradecer esa lucha pues su precedente beneficia a toda la ciudadanía y a mí también. No olvidemos que nuestros derechos y libertades públicas reconocidas en la CE, en los tratados internacionales y en las sentencias que los aplican, son un límite al poder que tienen nuestros representantes políticos. Ellos pueden, si tienen mayoría parlamentaria suficiente, modificar las leyes y normas pero siempre respetando la CE, los tratados y pronunciamientos judiciales. Por ello gracias a las luchas de muchas personas, nuestra actual CE es bien distinta a la recién publicada en 1978.

Aurelio Garnica 10/12/2018

(En contenido de la diapositiva adjunta conecta la ponencia de Aurelio con la del autor de este blog)

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