Empresas y Derechos Humanos – Toda una historia

Ponencia (descarga) en evento de investigación desde el punto de vista del Derecho Comparado – Gracias a la Universidad NOVOA de Lisboa y a la red internacional de investigación de Derecho Comparado (Londres). Acceso a la web del evento y a la descarga de las presentaciones, aquí.

Coloco aquí la presentación (breve, sólo 6 diapositivas, pero con links). Voy añadiendo ya los anexos citados (algunos ya están insertados en la presentación) Nuevo: Vídeo

Procesos sobre Derechos Humanos y Empresas. Incidencia en y desde España mediante una acción combinada del sindicalismo, la academia y la sociedad civil.

José Carlos González Lorente

Sobre el autor: José Carlos González trabaja en los procesos de regulación de la sostenibilidad y la responsabilidad social de las empresas desde el año 2000. Desde 2004, como responsable de RSE y sostenibilidad en el sindicato Comisiones Obreras (CCOO). Desde 2008 es Consejero del Consejo Estatal de RSE, órgano cuatripartito asesor del gobierno, situado en el Ministerio de Trabajo. Mantiene un blog dedicado al cambio eco-social y a su necesaria regulación, con un espacio dedicado al seguimiento e incidencia en los procesos sobre empresas y Derechos Humanos. Ha escrito múltiples artículos y ponencias, destacando en esta materia la realizada en el Congreso Internacional de Derechos Humanos (Sevilla, 2008) y la ponencia escrita con ocasión del Centenario de la OIT ¿Hacia una gobernanza sostenible? (2019)

Resumen:

Este es un pequeño relato de la estrategia y acción iniciada ante la enorme resistencia a una regulación efectiva –que comenzó a plantearse en los años 70 del milenio pasado- de los impactos de las empresas en la sociedad (sostenibilidad). En los años 90 pudo comprobarse con la reacción ante una propuesta de Amnistía Internacional para regular esos impactos desde el ámbito de los Derechos Humanos.

Un poco de historia (y sus enseñanzas)

En España fue en 2004 cuando comenzamos a difundir en la práctica esa estrategia a través de la propuesta del profesor J.Ruggie. Combinamos la difusión del posicionamiento del movimiento sindical (ITUC, CES, TUAC) con planteamientos que procedían de organizaciones de la sociedad civil mejor organizada en torno a los derechos humanos) y también del mundo académico. Durante el periodo 2004 /2011, con un gobierno más sensible a los derechos sociales nacieron tímidos avances legislativos: Ley de Economía Sostenible (LES), o la creación del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las empresas (CERSE). Fue un tiempo en el que España parecía tener un papel importante incluso en la legislación sobre el Tribunal Penal Internacional. Fue al final de ese periodo cuando se comenzó a elaborar un Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, en el que participamos con esa estrategia transversal, reivindicativa y participativa (1)

Y precisamente en ese momento comenzó un periodo negro de la historia de España en materia sociolaboral y medioambiental (gobierno conservador 2011/2018)  Se paralizaron el CERSE, no se desarrolló la LES, una la posición desfavorable a una legislación penal internacional, se legisló contra de los denunciantes (la ley mordaza, un buen ejemplo) y los defensores de los derechos sociales y laborales, con una reforma laboral que debilitaba el poder de los convenios colectivos, de los sindicatos de clase, y también contra el medio ambiente (el llamado ‘impuesto al sol’ es un buen ejemplo). Y claro, el borrador del ya deficitario Plan Nacional de EDDHH quedó en el olvido.

La relación entre los delitos económicos (no puede dejarse de recordar el concepto de crímenes económicos contra la humanidad) tiene mucho que ver con la influencia negativa del mundo de los negocios contraria a esta necesaria legislación. Ha sido un periodo impregnado de múltiples escándalos de corrupción público-privada, en distintos grados y modalidades. Es necesario visualizar más y mejor la degradación Derechos Humanos mediante los delitos económicos así como la relación de las tragedias cotidianas: pobreza, desigualdad, esclavitud moderna. Tengo que señalar que esto último lo relata perfectamente H.Dionisio en su artículo ( de la CGTP, a la que saludamos en su 50 aniversario)

Pero fue en ese tiempo de desregulación cuando apareció la posibilidad de un Tratado Vinculante, que también difundimos y reivindicamos ante la gran oposición a toda lo que implicara alguna obligación, a una actitud voluntarista que intentaba consolidarse mediante una legislación ambigua y poco efectiva. El efecto bálsamo (una de las caras del denominado ‘greenwashing’) de tener unos planes de acción (de gobiernos y de empresas) ha sido desastroso. Ha reforzado el poder y la impunidad corporativa (Lex Mercatoria)

El proceso, hoy

Hoy tenemos en España un nuevo gobierno que incluye los Derechos Humanos y algunos de los elementos regulatorios paralizados en su acuerdo de gobierno de progreso (se ha anunciado un nuevo Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, la reactivación del CERSE, la anulación de la reforma laboral, y los reglamentos que deben desarrollar leyes y directivas paralizadas: balances empresariales, igualdad, fiscalidad…) Seguimos con la misma estrategia, intentado concretar el sentido de los discursos del Centenario de la OIT y el auge de la publicidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. La estrategia actual sigue siendo la misma: defendemos el Tratado Vinculante para evitar que los Principios de Naciones Unidas no queden sólo en buenas prácticas voluntarias. Para ello son clave conservar tanto los principios y el espíritu de la resolución de Naciones Unidas que inició en tratado vinculante, y también el espíritu de los principios rectores de la ONU: la obligación del estado de proteger -instamos a los estados a abandonar esa posición neutral y facilitadora del poder corporativo- respetar, remediar. Es precisamente esa obligación de los estados la que ha sido recordada tanto en el último comunicado de la plataforma que defiende el Tratado ( Ver) como en la posición del movimiento sindical (ITUC – ver)

Pero hoy, sobre todo, ese comienzo de un tiempo nuevo para recuperar el tiempo perdido se ha visto roto por la pandemia del COV19, unidas a amenazas al estado de derecho con gobiernos autoritarios (Trump, Bolsonaro, Orban) y contrarios a la regulación incluso de los impactos medio ambientales –agua, tierra, aire, y su propiedad- que recordemos tienen una incidencia fundamental en los derechos. A la hora de escribir este artículo, una de estas amenazas –la del país más poderoso del planeta- ha perdido sus elecciones.

Espacios de acción y esperanza

Un nuevo contrato social, la Carta Social Europea, la debida diligencia (cadenas productivas y de inversión), un nuevo estatuto del trabajo, la Agenda 2030, lucha contra en cambio climático y medioambiental, y ahora, una Next Generatión y en gran ejemplo que ha sido la condicionalidad del respeto al estado de derecho. No todo puede quedar en declaraciones y planes. Es necesario difundir denuncias, controversias. Proteger a los denunciantes. Para una plasmación efectiva del cumplimiento de los Derechos Humanos y el Trabajo Decente mediante el uso efectivo de la transparencia y rendición de cuentas, también el camino está marcado, sobre todo a nivel europeo (la Directiva de Información no financiera con su vínculo con otras directivas y regulaciones). A nivel conceptual será importante reivindicar las claves de una información relevante, accesible y comparable. La comparabilidad será importante tanto para los balances empresariales, como para los planes de derechos humanos y estrategias de los gobiernos. A esta cuestión está dedicada esta iniciativa académica de derecho comparado. Adelante, pues.

@jcarlosgonz

PD: este artículo, sus actualizaciones y anexos añadidos puede encontrarse aquí (link) en el blog mencionado al comienzo.

Algunos de los anexos:

Presentaciones:

Presentations from Episode 2 

Carmen Márquez-Carrasco Presentation 

Maria Prandi Presentation 

Maria Chiara Marullo Presentation  

José Carlos Gonzalez Lorente Presentation 

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