| Un análisis y apoyo a la consolidación del Acuerdo de Progreso de España. |
| Descarga el acuerdo |
| Una aportación desde la acción hacia una gobernanza basada en datos reales sobre sostenibilidad economica, social y medioambiental. |
| Esta propuesta tiene además la intención de colaborar en la cohesión de las políticas (órganos, ministerios…) y a su vez, fortalecer la unidad entre los partidos que componen la Coalición Progresista. |
| España debería tener ya un modelo de indicadores clave esenciales para que las empresas (públicas y privadas) informen a los ciudadanos (clientes, consumidores, trabajadores, inversores…) sobre su impacto económico, social y medioambiental, incluyendo, por supuesto, su incidencia en la desigualdad, los Derechos Humanos y la corrupción. Nacionales y extranjeras (su valoración sería un diagnóstico y una licencia para operar). Un indicador central que vale la pena destacar es el de huella fiscal (2), dado el aparente déficit sobre la materia del Acuerdo (déficit destacado en esta valoración/resolución). De los ingresos fiscales depende en gran medida el funcionamiento del Estado y de todo el sistema de Protección Social (ver datos demoledores: una brecha fiscal de 74.400 millones) . Y es un indicador, además, de transparencia, lucha contra la corrupción y orden económico. Es una Cuestión de Estado. |
| Estos modelos de indicadores ya son parte de la legislación europea, nacional e incluso mundial, pero siguen en una fase voluntarista y ambigua. Existe además una gran confusión sobre la tipología de informes (De Sostenibilidad, de Buen Gobierno, de RSE/RSC) Su determinación, aclaración y concreción, es fundamental. |
| Conexiones transversales (sistemas de informes/indicadores) de esta idea con el Acuerdo (APE): |
| Conexión principio / final del acuerdo: Nuevo estatuto de los trabajadores (1.2) y Nuevo Contrato Social (no sólo verde –11.2). Derecho a saber y derecho a información y consulta. |
| Las empresas públicas y privadas de mas de 500 trabajadores tienen que elaborar memorias. El gobierno (con el CERSE*) debe elaborar un informe sobre la situación de estas memorias, por mandato de la Ley 11/2018 de Información No Financiera. Esta Ley parte de una Directiva que nació de la necesidad (y del fracaso de la fase de autoregulación voluntarista de la RSE) de una información e indicadores (balances) claros, accesibles, relevantes y comparables. |
| El Ministerio de Trabajo tiene asignadas las funciones sobre Responsabilidad Social de las Empresas (RSE) (Véase el Portal público) |
| El Consejo Estatal de RSE (CERSE), creado hace 12 años (Ver en el BOE), está presidido por la Ministra de Trabajo. Está adscrito a la Secretaría de Estado de Empleo (La Directora Gral. de Trabajo A. ejerce de Secretaria del Consejo) |
| Tanto el CERSE como los indicadores básicos, y el sistema / registro nacional de memorias han estado, en la práctica, bloqueados durante muchos años (la Ley 11/2018 se ha elaborado ya con el gobierno en funciones, y tras varias multas por no haber traspuesto la Directiva) Los indicadores afectan a casi todos los ministerios, destacando, además de Trabajo, a Derechos Sociales y Agenda 2030, Transición Ecológica, Consumo, Economía… |
| Conexiones transversales de esta tarea y oportunidad pendiente (con detalle a los epígrafes del acuerdo) : |
| Temas clave: Transparencia, Buen Gobierno y regeneración democrática; Medio Ambiente / cambio climático / consumo / etiquetado / indicadores Agenda 2030… Detalle (a completar): |
| 2.11.-REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA Y TRANSPARENCIA Renovación de órganos, Ley contra la corrupción, lobbies, puertas giratorias, Ley de Transparencia y Buen gobierno, lucha contra los cárteles… A destacar el punto 9: Integración de los principios de buen gobierno y responsabilidad social corporativa en el sector público fundacional y empresarial –organismos autónomos, entidades públicas empresariales y agencias estatales-. (?) |
| Continuará… |
